España ha vuelto a vulnerar los límites de emisión de amoniaco. El último balance, con datos de 2016, indica que se liberaron 465.000 toneladas, más de un 30% por encima del umbral máximo de 353.000. Este techo no se ha respetado desde que entró en vigor en 2010: "Un continuado aumento arrastrado por el incremento de la cabaña ganadera", explica el Ministerio de Agricultura. Y al frente de esa burbuja del amoniaco están las macrogranjas de cerdos. Según ha crecido al censo porcino ha caído el número total de explotaciones, pero han aumentado aquellas de mayor volumen.
El 96% de las emisiones españolas de amoniaco provienen del sector agrario, según el análisis de la Comisión Europea. Las dos principales fuentes son el uso de fertilizantes sintéticos y los cerdos. Concretamente sus excrementos. Sin embargo, mientras en la última revisión el amoniaco de los fertilizantes ha bajado, el de la ganadería ha subido, según el Inventario de Emisiones del Gobierno español.
El amoniaco está en la lista de la Agencia Europea del Medio Ambiente de elementos que hay que reducir al máximo. Pasa del aire a la tierra y el agua. Acidifica los ecosistemas naturales, es decir, impide la vida. Pero, además, es uno de los precursores de las micropartículas PM 2,5, las más nocivas para la salud humana: su minúsculo tamaño hace que penetren más en el sistema respiratorio.
Menos explotaciones, pero más grandes
El "aumento de la cabaña ganadera" mencionada por el Gobierno queda reflejado por los datos del Ministerio de Agricultura: en España se crían cada vez más cerdos, en menos granjas que van creciendo de tamaño.
El censo porcino estaba en unos 26 millones de cerdos hasta 2014 cuando aumentó la cría a un ritmo de más de un millón extra de ejemplares por año. Ahora está en 30 millones. Sin embargo, si en 2010 había 94.000 explotaciones, en junio de 2018 se contabilizaron algo más de 86.000. El 80% se dedica a la ganadería intensiva. Mientras tanto, las granjas de mayor volumen de cerdos no han parado de crecer: en 2010 eran 1.595. Este año están operativas 2.033. Un 27% más.
La organización SEO-Birdlife lo ha llamado "burbuja del cerdo". Y en Amigos de la Tierra analizan que esta industria "se expande con rapidez basada en la concentración, bajos costes de producción y fuerte dependencia de mercados internacionales". España es el principal exportador de cerdos de la UE (y tercero del mundo). "Pero no está asumiendo sus graves impactos ambientales", dicen. La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino no ha respondido a la prensa acerca de estas cuestiones.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su parte, dice que "la producción de amoniaco depende, fundamentalmente, del número total de animales (independientemente del tamaño de la granja) y de la alimentación que se les administre" y añade que las explotaciones más grandes "están sujetas a un sistema de autorización más exigente".
Sin embargo, de las 2.500 empresas cuyas emisiones de amoniaco rebasaron los límites permitidos en los últimos 10 años, el 94% eran granjas porcinas, según recopiló El Confidencial del Registro Estatal de Emisiones. La organización Ecologistas en Acción abunda en que algunas explotaciones se planifican al borde de los 2.000 cerdos para no tener la obligación de una Evaluación Ambiental.
Aunque tradicionalmente la industria porcina se concentra sobre todo en Aragón y Cataluña, otras comunidades están recibiendo una creciente ola de proyectos: en Castilla y León se presentaron más de 200 proyectos de granjas intensivas de porcino en 2016 y 2017. En Aragón 115. En Castilla-La Mancha la proliferación de proyectos en Guadalajara y Cuenca ha provocado una contestación social que ha llegado incluso al Parlamento regional.
Ana Carricondo, de SEO-Birdlife, cuenta que la preocupación viene por "el efecto acumulativo que tiene la extensión de este modelo: la ocupación de territorio en zonas ambientalmente sensibles, el consumo de agua y la gestión de los purines". Y "la expulsión del modelo extensivo por el industrial pensado para la exportación".
Petición a Europa desestimada
El amoniaco y sus consecuencias negativas no son algo sobrevenido o de reciente descubrimiento. Se incluyó como uno de los cuatro elementos que los países debían controlar en el Protocolo de Gotemburgo de 1999 que entró en vigor en 2005 y al que España está adherida. Estos techos también han sido recogidos por la legislación de la Unión Europea.
De hecho, España solicitó en 2017 a Europa un ajuste en la estimación de las emisiones ya que el anterior Ejecutivo creía que los techos estaban "infravalorados". Europa no aceptó esa revisión, lo que podría derivar en un procedimiento de infracción contra España por incumplir la normativa ambiental.
Así las cosas, el pasado 6 de julio, se publicó el decreto de medidas para la reducción de emisiones nacionales de contaminantes atmosféricos. El Ministerio actual argumenta que este decreto "es la base para un Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. En el que se incluye, entre otras cosas, las medidas específicas para cumplir los compromisos de reducción de emisiones de amoniaco". Compromisos que, hasta ahora, nunca se han respetado.
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